Un despertar incómodo

Cancún, Quintana Roo, a 17 de noviembre del 2025.- En estas semanas hemos sido testigos de una movilización histórica: miles de jóvenes —la conocida Generación Z— tomaron las calles de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara u Oaxaca, para exigir una cosa elemental pero sistémicamente negada: seguridad, justicia y un adiós a la impunidad. Lo que empeora todo es que esta protesta no surge de un capricho juvenil, sino como reacción al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y al fracaso institucional para contener a los cárteles que han convertido a sectores enteros del país en sus feudos. Es una paradoja dolorosa: el gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta como progresista, cercano, “del pueblo”, pero al mismo tiempo está recibiendo una acusación que lo atraviesa por el núcleo: negligencia criminal. No es sólo la violencia; es la colusión, la corrupción, la incapacidad —o falta de voluntad— para confrontar los cárteles con eficacia. El “Plan Michoacán para la Paz”, anunciado recientemente con miles de militares, drones y recursos millonarios, suena a cortina de humo si la violencia organizada sigue encontrando redes de protección entre las instituciones. Reuters Lo más inquietante es que estos jóvenes no solo protestan: desafían la narrativa tradicional del poder. En sus protestas vimos banderas de One Piece, símbolo de libertad y lucha, y consignas que no se conforman con soluciones cosméticas. Exigen una transformación real, profunda, una que no se limite a poner parches de seguridad, sino a reconstruir la legitimidad del Estado. Muchos lamentan que los asesinatos como el de Manzo no generen únicamente indignación, sino también una llamada de atención nacional. Pero aquí está el gran dilema: ¿cómo reconciliar esta furia con un sistema institucional que ha mostrado tan poca solidez? Si se confía todo a un enfoque militarista, apagamos el fuego pero no enfrentamos las causas estructurales. Si la respuesta es puramente social —educación, empleo, programas — corremos el riesgo de que los cárteles repliquen sus estrategias: más reclutamiento, más poder local. La balanza es frágil y el Estado parece caminar sin red bajo los pies. Puede que esta protesta de la Generación Z marque un punto de inflexión. Puede que sea un llamado para que México deje de prometer “seguridad futura” y comience a exigir “justicia ahora”. Si el gobierno no responde con algo más que palabras y operativos mediáticos, el descontento no va a desaparecer: va a radicalizarse. Y con razón. Porque lo que está en juego ya no es solo la integridad de una administración, sino la credibilidad misma de un Estado que debe proteger a sus ciudadanos y garantizar que la impunidad no siga siendo su marca registrada.